15 Propuestas Mínimas de los peregrinos

15 Propuestas Mínimas de los peregrinos para la reincorporación política, social y económica de los firmantes del acuerdo

En el marco de la Peregrinación por la Vida y la Paz, aproximadamente 2000 firmantes del Acuerdo Final de Paz nos hemos movilizado desde las ciudades y campos, donde desarrollamos nuestro proceso de reincorporación, para ser escuchados. Esta vez no marchamos buscando la selva sino hacia la capital, el epicentro de las decisiones políticas, para insistir en la necesidad de implementación integral del Acuerdo de Paz como respuesta a la realidad de riesgo, estigmatización y ausencia de garantías para la vida que enfrentamos día a día, que se refleja en el asesinato de 237 compañeros y compañeras que como nosotros habían empeñado su palabra y compromiso con el sueño de la paz para nuestro país.

A la crítica situación humanitaria, se suman los retrasos en la estructuración de los planes y programas sociales para la reincorporación, la inexistencia de un Sistema Nacional de Reincorporación (SNR) que defina con claridad las competencias de las distintas entidades del Estado en su implementación, así como los recursos requeridos con este propósito. A la fecha tampoco hay lineamientos que permitan la corresponsabilidad Nación-Territorio y la respectiva concurrencia de recursos en este marco.

La tierra sigue siendo una promesa pendiente, lo que impide asegurar la sostenibilidad económica de los proyectos productivos en el mediano y largo plazo, y condena a las y los reincorporados en el mejor de los casos a otros 2 años de condiciones de habitabilidad precarias, en desconocimiento de sus derechos.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que los primero 5 años son decisivos para asegurar el éxito de un proceso de reincorporación a la vida civil, proponemos trabajar en torno a “15 Propuestas Mínimas para la reincorporación política, social y económica de los exintegrantes de FARC-EP”, en torno a los siguientes ejes de trabajo:

Sobre el marco normativo y de política pública para la reincorporación

Instalación de una Mesa de Trabajo Conjunto entre CNR y CSIVI con el fin de revisar y ajustar los indicadores y metas trazadoras del Plan Marco de Implementación (PMI) a la luz de las dinámicas actuales del proceso de reincorporación social y económica.

Garantizar los desarrollos normativos requeridos para la creación del Sistema Nacional de Reincorporación (SNR), la definición de corresponsabilidad de los entes territoriales en torno al proceso de reincorporación y la incorporación de los nuevos asentamientos rurales (ETCR y NAR) al ordenamiento territorial.

En consonancia con lo anterior, la operatividad de la Ruta de Reincorporación requiere de la expedición de un instrumento de mayor rango legal al de una resolución de la ARN, que permita vincular la acción de las entidades competentes definidas en el SNR e impida una posterior derogación por otras administraciones.

Instalar una Mesa Técnica con el fin de precisar el presupuesto global del proceso de reincorporación política, social y económica, analizar las partidas presupuestales de las entidades vinculadas al Sistema Nacional de Reincorporación (SNR) en el Conpes 3931 de 2018 y establecer un trazador presupuestal que permita hacer seguimiento a los recursos.
Realizar un diagnóstico conjunto sobre el estado actual de los Consejos Territoriales de Reincorporación (CTR) como línea base para diseñar un plan de fortalecimiento y creación de nuevos consejos, de acuerdo a la actual distribución territorial de la población en proceso de reincorporación.

Sobre las garantías de seguridad

Construcción participativa y actualización permanente de mapas de riesgo territorial, que permitan identificar el nivel de riesgo de los colectivos y personas en proceso de reincorporación, con especial atención a los liderazgos activos, a partir de un análisis de las variables amenaza, vulnerabilidad y capacidades como medida de prevención y base de la formulación de medidas de protección diferenciadas. Se sugiere priorizar este ejercicio en los departamentos de Antioquia, Meta, Norte de Santander, Nariño, Caquetá, Valle del Cauca y Cauca. Se deberá atender a los enfoques territorial, étnico, de género y etáreo.

Renovación y ampliación del beneficio de seguro de vida para las personas en proceso de reincorporación hasta la finalización de la ruta de reincorporación, en atención a las condiciones de vulnerabilidad persistentes.

Impulso a la implementación de la Estrategia nacional para la prevención temprana y la superación de la estigmatización, diseñada en cumplimiento de lo definido en el Conpes 3931 de 2018. Se hace necesario avanzar en el PACTO NACIONAL POR LA VIDA Y POR LA PAZ.

Instalar una Mesa Técnica en el marco del CNR para el análisis de los impactos de las violaciones a derechos humanos en el desarrollo del proceso de reincorporación social y económica y la formulación de políticas públicas que permitan superarlos. Se deberá atender a los enfoques territorial, étnico, de género y etario.

Asegurar la acción articulada e integral del Sistema Integral para el Ejercicio de la Política (SISEP), priorizando la implementación del Decreto 660 de 2018 a través del cual se crea el Programa Integral de Seguridad y Protección para comunidades y organizaciones en los territorios con presencia de población en reincorporación y el pleno funcionamiento de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección en los términos de las funciones establecidas en el Decreto 300 de 2017.

Sobre el acceso a derechos y las dinámicas territoriales de la reincorporación

Activación de todas las rutas habilitadas en el ordenamiento jurídico para facilitar el acceso en propiedad a la tierra para el desarrollo de las iniciativas productivas, en los términos de lo planteado en el Conpes 3931 de 2018, como base de la sostenibilidad del proceso de reincorporación económica a mediano y largo plazo.

Diseñar en el marco del CNR un plan de choque para la atención especial de los ETCR y NAR que debido a razones de seguridad o barreras de acceso a la tierra deben ser reubicados, en aras de acelerar los tiempos y generar condiciones mínimas de habitabilidad.
Revisar las restricciones introducidas por la Resolución 4309 de 2019 en materia de acceso a derechos sociales (educación, salud, vivienda, etc.) a la luz de lo planteado en los Decretos 899 y 897 de 2017 y en el Conpes 3931 de 2018.

Fortalecimiento de procesos asociativos, de economía solidaria y cooperativismo como motor de las dinámicas colectivas del proceso de reincorporación.

Tratamiento en igualdad de condiciones en materia de acceso a derechos a todos los firmantes del Acuerdo de Paz, sin distinción de su ubicación territorial en ETCR o por fuera de ellos.